Educación para la ciudadanía
La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos es una asignatura que ha dado lugar a debates, sentencias judiciales, críticas y peticiones de objeción de conciencia.
De acuerdo con el calendario de implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), comenzó a impartirse el curso pasado en siete comunidades autónomas y el próximo curso lo hará en las restantes. Tal y como recoge esta Ley, su duración es, como mínimo, de una hora semanal en 5º ó 6º de Primaria y en uno de los tres primeros cursos de Secundaria.
La LOE incluyó esta materia dentro del currículo de Educación Primaria y Secundaria en respuesta a las indicaciones del Consejo de Europa, que hace seis años recomendó que los Estados miembros hicieran de esta materia un objetivo prioritario de su política educativa (Recomendación (2002) l2).
Esta recomendación estableció una guía general sobre los objetivos, contenidos y métodos para su incorporación y, actualmente, existe ya como asignatura obligatoria en 14 países de la Unión Europea.
La importancia de esta materia estriba en que contribuye a desarrollar competencias fundamentales para vivir y participar en la sociedad, entre las cuales se destacan: la autonomía, la autoestima, la identidad personal, la responsabilidad y las relaciones interpersonales.
Uno de sus objetivos consiste en que las alumnas y alumnos aprendan a exponer sus opiniones y juicios con argumentos razonados y puedan aceptar las opiniones de otros, aunque no las compartan. Para lograr este objetivo propone como estrategias la adquisición de contenidos, que giran en torno a la Constitución Española y a los derechos humanos, y el debate y el diálogo como herramientas que permiten desarrollar la capacidad crítica, tomar decisiones y afrontar los conflictos.
Quienes se oponen a que esta asignatura se imparta consideran que el Gobierno podría utilizarla para adoctrinar a los ciudadanos; además, afirman que desde ella se imponen el laicismo, el positivismo jurídico, el relativismo y la ideología de género.
Respecto del laicismo nos gustaría señalar que en nuestro país conviven personas que profesan confesiones religiosas diferentes o que carecen de religión. Todas ellas cuentan con el amparo de la Constitución que, en el artículo 16 manifiesta que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Cualquier interpretación de la ley que sitúe a ésta por encima de la conciencia del individuo (positivismo jurídico), nos parece rechazable porque supone una anulación de la libertad personal. Si no fuésemos libres para actuar, no seríamos responsables de nuestros actos. Pero, para ser plenamente responsables de nuestra conducta, tenemos que ser conscientes de las consecuencias que se derivan de ella y no actuar coaccionados.
En términos generales, el relativismo defiende que “todo vale”. Sin duda, esta afirmación es inaceptable: no puede valer aquello que dañe la integridad física o psíquica de las personas. Pero entre el “todo vale” y el “sólo hay una cosa válida”, caben muchas opciones.
En cuanto a la ideología de género entendemos que, cualquier ideología que tenga un carácter excluyente, debe ser rechazada. Pero no encontramos muestras de esta ideología en el temario de la asignatura.
Desde el Foro Social entendemos que tanto los contenidos de la Educación para la ciudadanía como sus objetivos y métodos son adecuados y convenientes para que los alumnos y alumnas aprendan a vivir y a participar en una sociedad democrática. De aquí que la preocupación de quienes se oponen a ella nos parezca extrema.
No compartimos, por tanto, la preocupación de quienes consideran nociva esta asignatura. Sin embargo, hacemos bien en velar por la educación de los jóvenes. Precisamente por ello, no estaría de más que se revisaran los contenidos de las asignaturas de religión. Aunque a la hora de adoctrinar lo más peligroso es la intención y la actitud de quienes imparten doctrina: el dogmatismo, la falta de rigor, la sumisión inquebrantable a un ideario, la doble moral,…son, sin lugar a dudas, más perniciosos que los contenidos de Educación para la ciudadanía.
Vivir en democracia supone aceptar el pluralismo ideológico, el consenso y el compromiso ciudadano. Sin ellos la democracia se desvirtuaría y correría un serio peligro. En este sentido nos parece razonable que desde la Escuela los niños y las niñas aprendan a conocerla. Pero hacen falta más cosas: condiciones prácticas que hagan posible el cumplimiento de las leyes y los derechos, implicación de las instituciones, solidaridad, respeto, no ser excluido,…
Por otro lado, nos sorprende la propuesta contenida en el borrador del 16 de abril de 2008, presentado por la Consellería de Educación a los sindicatos de enseñanza, donde se organiza la asignatura de Educación para la ciudadanía de 2º de la ESO. De acuerdo con este borrador, los alumnos podrán escoger entre cursar la asignatura en inglés o realizar un trabajo trimestral, como mínimo, también en inglés. En la disposición adicional segunda se reconoce el derecho de la familia a que el alumno no curse la materia, a pesar de que ésta tenga carácter obligatorio.
Exigir el aprendizaje de una asignatura en una lengua que los alumnos de 2º de la ESO no dominan tiene todas las probabilidades de acabar en fracaso. Pero animarlos a que no la cursen es todavía peor porque esto supondría un suspenso y dificultaría su titulación en Secundaria.
12 de mayo de 2008